REFLEXIONES SOBRE LA BANCA (IV)

Durante las últimas semanas de verano hemos ido haciendo una serie de reflexiones sobre la banca en España, que nos han permitido ir extrayendo algunas conclusiones interesantes. De esta forma, estudiamos como dicho mercado requiere de una regulación de entidad, que es asumida por el Banco Central (y otros organismos europeos), para luego observar que nuestro regulador tradicionalmente ha optado por una competencia entre entidades no perfecta (imperfecta), mediante la introducción de algunos elementos que la impiden. De esta forma se ha conseguido que los bancos ganen en fortaleza y solvencia, en beneficio tanto de sus dueños (que obtendrán mayores ingresos) así como de los ciudadanos (en cierta medida), en tanto que ganarán en confianza sobre los mismos.

La cuestión que se plantea ahora es la relativa a la nacionalización total de la banca, de tal forma que la misma pase a ser regida íntegramente por el Gobierno central; un debate retomado a raíz de la presente crisis económica, y actualmente en boga por formar parte de las reivindicaciones de un amplio sector del denominado movimiento del 15-M.

En mi opinión, este tipo de planteamientos son los típicos que sobre la teoría parecen notablemente atractivos, pero que a la hora de llevarlos a la práctica conllevan no pocos riesgos. Efectivamente, un compromiso serio de dirigir una banca nacional por nuestros dirigentes, exenta de beneficios enormes y de especulación, puede acercar a muchas familias a unos créditos y a unas hipotecas más justas y con un mayor grado de seguridad. Ello será posible en la medida en que el Gobierno mantenga ese compromiso de hacer de la misma más que un objeto de negocio, un factor más del Estado social.

Ahora bien, los riesgos no son escasos. Sabemos que los países desarrollados no están ni mucho menos exentos de corrupción política; un mal del que, sin ninguna duda, también padece la sociedad española. Así, la banca nacional crea un instrumento suculento para el político de turno, en tanto que pasa a disponer de una gran cantidad de fondos (depósitos) al servicios, en muchos casos, de sus propios intereses.

El ejemplo más claro lo constituye el tema de la deuda pública: a lo largo de la historia se ha observado como los países cuyos Bancos Centrales que tienen un menor grado de independencia frente al Gobierno de su país (actuando así como una banca nacional de facto) presenta unas tasas de inflación más elevadas. Ello se debe a que los políticos tienen un incentivo alto para conseguir financiación barata para emprender todo tipo de proyectos públicos; una financiación que equivale en definitiva a generar masa monetaria, lo que en el medio plazo dispara el IPC, con consecuencias nefastas para los ciudadanos.

Como se ve, una banca totalmente nacionalizada deja a los políticos un poderosos instrumento que puede quedar ulteriormente al servicio de la corrupción. Ahora bien, notablemente más interesante me parece la creación y el fortalecimiento de alguna manifestación de banca pública, mediante la cual se posibilite el acceso a instrumentos financieros a aquellos que lo tengan dificultado o restringido en la propia banca comercial, y que realmente lo requieran con base en un criterio de justicia social (por ejemplo, para la financiación de préstamos para VPO para familias poco adineradas, para apoyo a los jóvenes emprendedores, etc.). Una banca pública que encuentra como única y pírrica manifestación actual el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad que a mi juicio está muy poco desarrollada y presenta notables carencias.

En definitiva, a lo largo de estos capítulos hemos podido echar un vistazo al actualmente tan criticado sistema bancario español. Un sistema que quizás nos parezca un tanto contradictorio: por un lado, del mismo podemos presumir más allá de nuestras fronteras por su notable fortaleza (la cual es verdaderamente admirada en otros países), pero de él se derivan igualmente algunos abusos tales como los sistemas de incentivos a directivos, o los desahucios que vemos a diario en los noticieros. Unos abusos que solo con el paso del tiempo y con la consecución y el desarrollo de una regulación seria y rigurosamente estudiada por expertos podrán llegar a evitarse.